La Salud es un Derecho

La Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud, en especial a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que está incorporado a ella. El artículo 12 del PIDESC define el derecho a la salud como "el derecho que toda persona tiene al disfrute del más lato nivel posible de salud física y mental". Así, el Estado argentino tiene la obligación de adoptar las siguientes medidas a fin de asegurar la efectividad de este derecho:


Esto significa que el Estado debe garantizar:

  1. Disponibilidad: debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud.

  2. Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales.

  3. Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna. Esto significa, que no pueden ser discriminados: grupos socialmente desfavorecidos, minorías étnicas, poblaciones indígenas, mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidades, personas con VIH/SIDA, inmigrantes regulares y/o irregulares.


Fuente: CELS -CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES.
 www.cels.org.ar
Piedras 547 1er. Piso . Buenos Aires . Argentina




Presenta información del estado de la salud en Argentina

Al Sr. Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Sr. Santiago Canton
1889 F. Street N.W.
Washington, DC 20006


Buenos Aires, 18 de octubre de 2002.-


Estimado Dr. Cantón:

Con motivo de la audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Argentina, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre, organismos de derechos humanos y organizaciones que trabajan por la salud, desean poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información sobre la violación sistemática y manifiesta del derecho a la salud por parte del Gobierno argentino en el marco de la inédita crisis social por la que atraviesa nuestro país.

La Comisión Interamericana ha advertido sobre esta grave situación en su última visita de trabajo a la Argentina. En aquella oportunidad expresó su preocupación por la información recibida sobre esta situación.

La información que ponemos en conocimiento de la Ilustre Comisión, y la grave crisis que atraviesa el país, demuestran la importancia de que ésta asuma un rol más activo en la situación de Argentina, y considere especialmente la posibilidad de realizar una visita in loco al país y la adopción de todas aquellas medidas tendientes a que el Estado argentino proteja los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.

I. El estado de la salud en la Argentina
Dentro de un contexto de agravamiento de la miseria y el hambre como producto de la aplicación de políticas neoliberales en la Argentina, la salud es uno de los derechos actualmente más vulnerados de la población argentina.

La Organización Mundial de la Salud define a la salud como "un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedades". En consecuencia, el derecho a la salud apunta no sólo a la preservación de la vida, sino a la calidad de vida.

Uno de los aspectos más acuciantes de la crisis social y que afecta el derecho a la salud de la población, es el déficit alimentario que sufre el conjunto de millones de argentinos que viven por debajo de la llamada línea de pobreza y que en los últimos años ha ido en progresivo aumento. En la actualidad, el 53% de la población (aproximadamente 18,5 millones de personas) se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y el 24,8% (8,7 millones de personas) son consideradas indigentes, lo que implica que no pueden acceder a una canasta básica de alimentos(1).

Particularmente, de acuerdo con información de público y notorio conocimiento, una de las preocupaciones prioritarias aquí y ahora, es la desnutrición infantil que provoca déficit mentales irreversibles alertando sobre los daños neurológicos en niños de 0 a 3 años.

Respecto a la mortalidad de menores de un año, según cifras de la Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina se produce la cifra alarmante de 11.000 fallecimientos anuales: un bebé cada 48 minutos(2). La estadística debería llamar poderosamente la atención, sobre todo porque el 60% de las muertes se producen por causas evitables. Asimismo, en los últimos años, factores psicosociales, como la violencia, el abandono o el maltrato son aspectos que integran la lista de las nuevas morbilidades.

Otros cálculos de la mortalidad en niños y niñas menores de un año son más pesimistas. La Asociación Latinoamericana de Pediatría, indica que la cifra asciende a 13.000 muertes anuales (un niño menor de un año cada 40 minutos)(3). Por su parte, para UNICEF, los bebes fallecidos en el año 1999 llegaron a 12.120.

Por causas evitables, mueren 2 niños menores de 5 años cada 53 minutos 17.000 por año. Por desnutrición, 10.000. En La Matanza nacieron en el ultimo trimestre del 2002, 6.900 niños de los cuales 1.600 nacieron desnutridos. El 70% de los jóvenes menores de 14 años son pobres, y de ellos la mitad son indigentes. La tasa de mortalidad infantil triplica a la de Singapur, es un 90% superior a la de Cuba, y un 35% superior a la de Chile.

Mientras en la ciudad de Buenos Aires el 6,4% de los niños nacidos vivos pertenecían a madres menores de 20 años, en la provincia del Chaco la cifra asciende al 22%; siendo la mortalidad materna en Chaco de 30 cada 100.000 nacidos vivos (elevada aún existiendo subregistro).

El índice de analfabetismo materno, se asocia significativamente con el incremento de la morbimortalidad infantil, éste arroja cifras de 4% en Buenos Aires, mientas que en Misiones asciende a 35,9%.También la mortalidad infantil expresa desigualdades ya que es del 18% en todo el país, pero en Chaco se observan cifras del 29%.

El 29% de las muertes maternas se produce por abortos realizados en forma clandestina. Por cada 100.000 nacimientos mueren 35 madres por hemorragias, hipertensión, abortos y otras causas evitables. La mortalidad materna se asocia a la maternidad infantil, donde el número se duplica en las madres menores de 15 años. También la mortalidad infantil se duplica en los nacimientos de madres de mas de 6 hijos. La crisis que afecta al país muestra su terrible rostro en las maternidades públicas y los hospitales para niños. En varios distritos, las autoridades sanitarias relacionaron directamente con la pobreza el aumento de casos de muerte infantil y de bajo peso al nacer. En Mar del Plata el 13% de los bebes que nace en instituciones públicas pesa menos de 2,5 kilos. Pero no es todo: el 2% de los bebes marplatenses que nacen con bajo peso ni siquiera llega a 1,5 kilo. En ambos casos, es consecuencia, esencialmente, de las carencias que sufren sus mamás desde el inicio del embarazo, especialmente en lo que respecta a la atención de su salud y la desnutrición, estigmas que se transmiten a los niños prácticamente desde la concepción.

En Mar del Plata, la ciudad que comparte con Rosario el primer puesto del ranking de desocupación del país, nacen entre 10.000 y 12.000 niños por año. El 60% de ellos llega al mundo en las salas de parto del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil. El 50% de las madres que pasan por allí padece anemia severa, déficit proteico y está pobremente alimentado. El 21% del total es menor de 18 años. El índice de mortalidad infantil de esta ciudad es del 20,3 por mil. Lo más trágico es que el hospital cuenta con los conocimientos, los recursos humanos y la tecnología necesaria para revertir esta situación, pero, por culpa de la crítica situación socioeconómica, se llega tarde. En Misiones, ya son 13 los bebes que murieron por deficiencias alimentarías y falta de controles médicos en lo que va del año. Mientras tanto, en Bariloche, las autoridades sanitarias expresaron su preocupación porque en los últimos 30 días se registraron seis casos de lactantes, de entre veinte días y cinco meses de vida, que perecieron de muerte súbita, se informó oficialmente. Dos de los fallecimientos se produjeron cuando ya afectaba a la región la actual ola de frío. Y, según indicaron los médicos, en todos los casos se trató de bebes sanos. De acuerdo con el relevamiento realizado por el personal hospitalario, la pobreza surgió como uno de los principales factores de riesgo. La mayoría de los bebes fallecidos nacieron en familias de bajos recursos, que habitan casas precarias que se calefaccionan únicamente con leña, siendo la principal causa de los decesos el humo que genera en el ambiente donde está el niño la combustión de la leña.

Otro sector en una situación de desamparo sanitario es el sector de la tercera edad. Dos ejemplos de esta situación en la actualidad: los jubilados de Tucumán salieron a denunciar el riesgo de vida que corren a raíz de la falta total de medicamentos para el sector en el interior de la provincia. Desde diciembre de 2001 que las farmacias de los pueblos no entregan lo necesario para los afiliados al PAMI. En toda la provincia atiende una sola farmacia. En Rosario recientemente se cerró el servicio de Emergencias Traslados del PAMI. Siendo que podría ser un servicio eficiente, con recursos propios, ya que abarca la atención médica con autos, de emergencias y traslados programados, lo están desmantelando.

Respecto a otros grupos de alta vulnerabilidad psíquica y física como son los pacientes chagásicos, portadores de HIV, los trasplantados, los oncológicos, los que padecen de patologías psíquicas graves que tienen secuelas discapacitantes y necesidades de prácticas de rehabilitación constante para poder integrarse en la sociedad hoy por hoy carecen de asistencia específica y están en franco riesgo de vida.

La situación de emergencia ha sido reconocida por el Estado Nacional, quien ha declarado la emergencia sanitaria en todo el país a través del decreto de necesidad y urgencia 486/02. Si bien este decreto alude al objetivo de preservar la salud, en ningún momento se habla de la salud pública como un bien general que debe garantizar el Estado. Por lo tanto no se hace mención del principio de equiparación de oportunidades internacionalmente reconocido a las personas con discapacidad y salvoconducto para que estas puedan ejercer en la vida diaria un rol equivalente al resto de los integrantes de la sociedad. Negar a los servicios de rehabilitación el carácter de prestaciones básicas y esenciales significa cercenar la posibilidad de una persona con discapacidad de optimizar sus capacidades remanentes a fin de lograr la autonomía y seguridad posible. La rehabilitación debe ser considerada el primer derecho especifico de las personas con discapacidad y debe entenderse como un proceso multidisciplinario continuo y permanente tendiente a superar las desventajas que la deficiencia sufrida les impone. De modo que, si solo se prioriza la preservación de la vida muy lejos estará de garantizar la salud de las personas con discapacidad, mas aun de asegurar su derecho a la integración social.

Desde hace 20 años se observa en Argentina, un marcado retroceso del sistema de salud. La inexistencia de políticas sanitarias claras y progresistas, numerosos recortes presupuestarios, sucesivas administraciones ineficientes y por sobre todas las cosas la progresiva retirada del Estado de sus funciones tradicionales, han obtenido como resultado el colapso del sistema de salud.

En un contexto social caracterizado, entre otras cosas, por cifras inéditas de desempleo y niveles de pobreza e indigencia crecientes, los sistemas sanitarios paulatinamente se hicieron cargo de problemáticas de otras áreas. Se ha llegado a un punto en que su función primordial, la prevención, pasa a ser función secundaria, agobiada por las urgencias cotidianas. En consecuencia, el sector salud actúa, en la mayoría de los casos, cuando la población ya ha enfermado, sin que existan mediciones confiables de las necesidades sanitarias, ni del impacto que esas carencias generan sobre el individuo(4).

La crisis actual hunde sus raíces en la fragmentación del sistema de salud, en el que hay tres subsectores -el público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga-, a veces superpuestos, que no gastan poco sino que, contrariamente, no distribuyen de manera adecuada sus recursos.

En este contexto debe entenderse el deterioro del sistema de atención basado en el Hospital Público y la Seguridad Social. El sistema se encuentra colapsado ante el aumento de la demanda en los últimos años debido al aumento de la pobreza, agravado ahora por el desabastecimiento de todo tipo de insumos, que van desde la falta de guantes y materiales de esterilización hasta la provisión de oxígeno. Este punto pone de manifiesto la gravedad de la situación y la urgencia en darle una respuesta.

Por otro lado, el derrumbe de la seguridad social es notorio y obedece a varias causas. Una es el desempleo y el trabajo en negro, que hicieron caer del 70% al 40% el porcentaje de la población afiliada a obras sociales. Otra radica en los 15.000 millones de dólares que -sólo entre 1994 y 1999- se perdieron por la reducción de aportes patronales, morosidad de las empresas y evasión impositiva. La tercera es el aumento en los costos de la atención médica para una población con mayor expectativa de vida y con patologías que actualmente pueden ser tratadas. Finalmente, se apunta a la incidencia del mal manejo del Fondo Solidario de Redistribución, el pago por prestaciones tan costosas como inútiles y el exceso en la utilización de las obras sociales(5).

La crisis sanitaria deteriora primordial y agudamente la atención del enfermo y deja sin cobertura real a la promoción, la prevención y la rehabilitación de la salud del conjunto de la población. La situación crítica se agrava por la expansión de la pobreza y la exclusión social (ambas generadoras autónomas de enfermedad, en especial en niños y ancianos), la desfinanciación y quiebra de numerosas obras sociales y mutuales que tienen limitados sus aportes como consecuencia de los altísimos niveles de desocupación, el aumento de los precios de insumos hospitalarios y de medicamentos (consecuencia de la devaluación del peso y de la especulación financiera), la crisis de la medicina prepaga que trae como consecuencia la partida de 800.000 usuarios que ahora recurren al sistema estatal y el insuficiente presupuesto para la salud estatal (en especial para el hospital público, en el que la demanda ha sufrido un incremento del 50%, con déficit de personal profesional y técnico y desabastecimiento de insumos, medicamentos, alimentos y tecnología)(6). En este escenario las autoridades ensayan medidas que soslayan sus responsabilidades, descargándolas en los trabajadores de la salud y en la anónima quiebra del Estado, el que han administrado a través de diferentes gobiernos.

El aumento en la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales también se reflejó en un cambio en el perfil del usuario: un aumento de la afluencia de los sectores medios de la Capital Federal a raíz de la caída de las obras sociales y de su imposibilidad de sostener las prepagas. Pero esta situación no es la única causa del agudo deterioro del sistema, sino sólo una parte de la realidad que se suma al conflicto preexistente.

Los datos estadísticos acerca del movimiento hospitalario en Hospitales Generales de Agudos y Generales de Niños del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revelan, por el contrario, un leve descenso al comparar los totales de Consultas Externas, Egresos y Cirugías durante febrero de 2001 y febrero de 2002. Para realizar un análisis de las características de la demanda del sistema hay que considerar los datos cualitativos sobre la procedencia de los usuarios (pacientes). De todos modos, se pueden adelantar algunos ejes: la percepción de un incremento inusitado de usuarios difiere de la información estadística que indica un movimiento hospitalario relativamente estable. El pequeño descenso en las cifras correspondientes a febrero de 2002, en relación al similar mes de 2001, podría deberse a la suspensión de algunas prestaciones debido a la crisis de los últimos meses. Si el volumen de pacientes atendidos no aumentó y si, como se menciona, cambió el perfil de la demanda, estaríamos frente un gran número de argentinos "excluidos" que han perdido, entre otras cosas, la posibilidad de acceder al sistema público de salud. Y si, el nuevo perfil de la demanda marca un incremento en la procedencia de sectores de la Capital Federal, quienes estarían excluidos son los sectores empobrecidos de la provincia de Buenos Aires, quienes componen la mayor demanda, comparativamente al resto del país, en razón de su cercanía y su consecuente accesibilidad(7).

El imperativo de hacerle frente a la emergencia no debe opacar la necesidad de resolver las causas estructurales que afectan negativamente al sistema de salud en su conjunto. Desde el Ministerio de Salud se llevan adelante planes de reducción de la responsabilidad del Estado en materia de salud (Programa Médico Obligatorio de Emergencia -PMOE-), los cuales denuncian el exceso de personal profesional, advierten sobre la ineficiencia del sector estatal, olvidan el criterio solidario de la salud pública, dejan al PAMI y a sus beneficiarios completamente desprotegidos, y no toman las decisiones políticas impostergables, entre ellas el aumento del presupuesto de salud para abastecer las necesidades de la población y la fabricación de insumos y medicamentos desde el Estado.

El PMOE, que rige para los afiliados a la mayoría de las obras sociales, al PAMI y a las prepagas, ha impuesto un fuerte ajuste en las prestaciones. Por disposición del Ministerio de Salud se eliminan, restringen o cobran numerosas prestaciones que, anteriormente, eran gratuitas, así como suben las cuotas y disminuyen los descuentos en medicamentos. En esencia, el nuevo PMO se concentra en la atención médica, y posterga para otra etapa los mecanismos preventivos y de rehabilitación. Para dar algunos ejemplos: en las especialidades por derivación no hay plazos para dar turno, las cirugías programadas no hay plazo para realizarlas y no se cubren prótesis en odontología.

Entre los puntos polémicos del programa, se encuentran, sobre todo, los ajustes efectuados en prácticas de uso habitual, y los mayores costos que deben pagar los afiliados para ser atendidos, acceder a estudios o comprar remedios. También se cuestiona que, con el criterio de cubrir sólo las urgencias, se pospongan sin plazo las operaciones programadas, que pueden fácilmente derivar en emergencias riesgosas.

De acuerdo con el Dr. Jorge E. Gilardi(8), presidente de la Asociación de Médicos Municipales, el PMOE, surgido como solución para garantizar un piso básico y universal de prestaciones, al no contemplar las medidas preventivas y de rehabilitación que son necesarias para una atención integral, vuelve a recaer sobre el hospital público en lo que respecta a la atención no cubierta por los restantes sub-sectores. Y replantea una situación dicotómica entre la prevención y la asistencia, cuando en realidad ambas son parte indisoluble del proceso de atención. Sin embargo, Gilardi cree que el hospital público todavía puede reafirmarse como un pilar para ofrecer una respuesta frontal a la emergencia.

Por otra parte, la dificultad para acceder a los medicamentos resulta ser otro de los principales factores de preocupación en materia de salud. La crisis sanitaria se ha visto reflejada en toda su intensidad en la falta de provisión y acceso a los medicamentos. Estos se han convertido en una simple mercancía, lo que ha provocado que en guardias y farmacias hospitalarias no queden reservas de antibióticos, corticoides y drogas imprescindibles para el tratamiento de pacientes trasplantados, pacientes oncológicos y tratamiento de HIV. El precio de los medicamentos ha aumentado notoriamente. El gasto en medicamentos en Argentina es del 30% a 40% sobre el total del gasto en salud, mientras que en países centrales (que poseen leyes de Genéricos) ese gasto varía entre el 7% y el 20%. El volumen de esos recursos se estima en 7 500 millones de dólares anuales; el 70% de ese dinero sale directamente del bolsillo de las familias; y se calcula que entre 2.000 y 2.500 millones corresponden a sobreprecios. La Prescripción de Medicamentos por Denominación Genérica, no es más que un pequeño paso en la regulación del sector salud.

La gravedad de la situación ha derivado en situaciones extremas. En efecto, a mediados de 2002 un grupo de pacientes de HIV reclamaba por la suspensión de sus tratamientos, debido a la falta de medicamentos que el Ministerio de Salud debía proveer. Ingresaron al Ministerio y manifestaron a viva voz sus reclamos. Esta situación fue utilizada como excusa por las autoridades ministeriales, quienes decidieron instalar una comisaría en el interior del Ministerio de Salud llamada "División Salud de la Policía Federal" a cargo del Comisario Gil Alvarengo y dos oficiales, subinspector Garbarini y principal Taboada con una dotación de 60 efectivos, cuya función es "poner orden" frente a los numerosos reclamos de individuos que reclaman la entrega de medicamentos.

Finalmente, otro problema de gravedad preocupante, que menoscaba aún más la situación sanitaria, es la emigración, fuera del país, de profesionales. Se estima que en las últimas décadas emigraron 50 mil científicos y profesionales calificados de Argentina(9). Estados Unidos y Canadá albergan a la mitad de los expatriados. La salida de argentinos calificados en busca de un futuro mejor ya es una realidad cuantificable. Enrique Oteiza, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ha estimado que, actualmente, hay 20 mil profesionales argentinos en el exterior, de los cuales diez mil están en los Estados Unidos y Canadá, y la otra mitad se reparte por el resto del mundo. Para comprender la dimensión del problema, alcanza con saber que el 13% de los investigadores que trabajan en el Instituto Pasteur de Paris, en Francia, son compatriotas.

Sin embargo, las cifras referidas adquieren más dramatismo si se analizan en perspectiva. Se calcula que en las últimas tres décadas se habrían marchado 50 mil universitarios, según un seminario sobre Migraciones Profesionales organizado por la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (Raices), un programa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Setcip), dedicado a revincular con el país a los argentinos en el exterior(10).

Estados Unidos, México, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Brasil aparecen como los destinos elegidos por cientos de científicos, médicos, ingenieros y arquitectos que buscan nuevos horizontes para el desarrollo de sus conocimientos. Esta realidad coloca a la Argentina como uno de los principales exportadores de profesionales altamente calificados, que los países receptores captan a un costo cero. Fernando Lema, uruguayo, investigador científico y coordinador del grupo de Cooperación con América Latina del Instituto Pasteur de París, calcula que el éxodo de cerebros le habría costado a la Argentina unos 1250 millones de dólares, si se tiene en cuenta que el costo mínimo de una formación universitaria es de 25 mil dólares(11).

A pesar de lo expuesto hasta aquí, no podemos dejar de mencionar que en numerosas oportunidades se han contado con las herramientas necesarias (financiamiento) para salvaguardar el sistema de salud pública. A pesar de ello, es incuestionable la continua responsabilidad de los administradores de turno en desvirtuar la dirección y el fin último de los préstamos otorgados por parte de distintos organismos internacionales para sostener el sistema sanitario provisto por el Estado.

Por otro lado, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos provenientes de organismos multilaterales de crédito también afectó al sector salud. La situación es de suma gravedad ya que las autoridades argentinas no pueden explicar el destino de doscientos millones de dólares, en los últimos cinco años, de los créditos otorgados por el Banco Mundial para los hospitales públicos. El Banco Mundial descubrió que de los doscientos cincuenta millones de dólares que ingresaron para el Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal), sólo fueron bien utilizados cincuenta millones(12).

El Banco Mundial cuestionó la forma en que se llevaron a cabo las licitaciones para la remodelación de los hospitales. Se cuestionó el otorgamiento de las licitaciones en función de un criterio que sólo tomó en cuenta los precios y no la calidad de las obras. Las empresas que ganaron las licitaciones presupuestaron en promedio un valor mucho menor por metro cuadrado de superficie a reparar, lo que proporcionó como resultado la utilización de materiales de bajo costo y terminaciones de obra inadecuadas para el impacto que reciben los hospitales públicos(13).

En suma, la emergencia sanitaria es cada vez más profunda. La situación en todos los centros asistenciales es prácticamente la misma: falta de insumos, provisión de medicamentos escasa y hasta resulta insuficiente, por no decir inexistente en numerosos casos, el material que debe utilizarse en las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, más preocupante aún es que ante la imposibilidad de atender todos los casos, el hospital público se concentre en la emergencia. Es decir, en otras palabras, el hospital público, como institución que monopoliza la salud pública y gratuita provista por el estado, se ve conminado a existir en un constante estado de guerra donde se selecciona a los individuos -pacientes- más graves para ser tratados, curados o salvados. El resto, no elegido en la primera opción, con todas las secuelas y consecuencias que esto conlleva, debe esperar. Por otro lado, el derrumbe de las obras sociales y la falta de acceso a medicamentos terminan de delinear los aspectos más alarmantes de la crisis sanitaria.

Sin embargo, el punto central y que enmarca la crisis del sistema de salud es se refiere a la igualdad sustancial y la plena realización de los derechos sociales. El modelo económico que la gente repudió en diciembre, signado por la concentración de la riqueza y el aumento inédito de la pobreza, fue posible merced a un proceso de degradación paulatina de los derechos sociales. Así, fuimos testigos del desmantelamiento del derecho del trabajo, a la salud y a la seguridad social y de la sujeción de estos derechos a la lógica económica, aplicada en un escenario de emergencia permanente.

Se trata pues, de la lógica consecuencia del proceso iniciado 25 años atrás. La dictadura militar instaurada en 1976 se encargó se sentar las bases para la destrucción de una estructura social basada en la alta participación de los sectores medios, y en la posibilidad, por parte de los sectores bajos, de acceder a una satisfacción básica de los derechos sociales. La profundización de dicho sistema económico por parte de los gobiernos democráticos surgidos luego de 1983, con el apoyo y promoción de las instituciones multilaterales de crédito, provocó que actualmente la Argentina soporte la peor crisis en su historia como nación.

Es sólo este contexto el que posibilita comprender como en un país cuya producción de alimentos alcanzaría para satisfacer las necesidades de 330 millones de personas, alrededor de un cuarto de la población (casi 9 millones de personas) pasen hambre(14). La crisis en el sistema sanitario no hace más que complementar trágicamente el cuadro de desnutrición que afecta, principalmente, a niños y ancianos. La reaparición de enfermedades asociadas a la pobreza, que habían sido erradicadas hace años, es otra consecuencia visible de aquel proceso.

Resulta redundante plantear que cualquier programa que pretenda ofrecer algún tipo de salida a la crisis, deberá poner el centro de atención en la satisfacción de los derechos sociales, tanto en el corto como el mediano y largo plazo. En la urgencia, deberá dar una respuesta a las necesidades alimenticias y sanitarias de la población; en una mirada hacia el futuro, deberá implementar medidas que redistribuyan la riqueza, poniendo al alcance de toda la población el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Es indispensable frenar este proceso. Para ser viable y de alta intensidad, la democracia necesita reconstruir una base de igualdad sustancial y recuperar la calidad de los derechos sociales.

El desafío pues, consiste en reconstruir una nación que incluya a la totalidad de la población. El peligro, consolidar la desintegración social, tanto presente como futura(15).

II. El estado de los hospitales públicos del país
Uno de los aspectos que evidencian de manera dramática la crisis sanitaria por la que atraviesa la Argentina, es el estado calamitoso de los hospitales públicos y en consecuencia el deterioro profundo de la atención en salud de toda la población que se atiende en ellos.

Sin pretender acotar la crisis del sistema de salud al estado de los hospitales públicos, el presente informe pretende dar cuenta, particularmente de esta situación.

Es de señalar que el informe pormenorizado que se agrega como Anexo ha sido elaborado en base a información de prensa, testimonios de trabajadores y profesionales de la salud, así como de denuncias presentadas ante los tribunales de justicia del país y las defensorías del pueblo de distintas ciudades del país.

En el Informe que se anexa, a modo de ejemplo acotado debido a la magnitud y generalización en todo el país de la situación de crisis, daremos cuenta de la grave problemática hospitalaria actual, tomando como muestra distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires. Si bien la información y los aspectos abordados no pretenden ser exhaustivos, reflejan de manera aproximada el estado deplorable de la atención de la salud en los hospitales públicos del país.

En síntesis, diremos que a partir del relevamiento de información efectuado, se han detectado una serie de problemas de gravedad inusitada y que se repiten en la mayoría de los hospitales públicos:


III. Conclusión
En base a las consideraciones expuestas, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales reclamamos a las autoridades argentinas la adopción de todas las medidas necesarias para revertir el estado crítico del derecho a la salud de la población argentina. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana tome intervención en esta situación, considerando especialmente la posibilidad de realizar una visita in loco a Argentina.

Aprovechando la oportunidad para saludar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy atentamente,


Asociación de Médicos Municipales (Lista Alternativa)

Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Comisión Pro-Cátedra Salud y Derechos Humanos

Comité de Acción Jurídica (adherido a la CTA)

Familiares de ex Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas

Federación Nacional de Salud y Seguridad Social (adherido a la CTA)

Intersalud (Comisiones de Salud de Asambleas Populares de Buenos Aires)

Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)


 Ver anexo: Estado de los Estados Públicos del País


  1. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). El concepto de "línea de indigencia" utilizado por el INDEC procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que superan ese umbral, o línea, son considerados indigentes.
  2. " Muere un bebé cada 48 minutos", La Nación, 27 de julio de 2001.
  3. " Los derechos del niño", XXXII Congreso Argentino de Pediatría, Salta, septiembre 27-30, 2000.
  4. " Crisis y salud pública", Boletín de temas de salud, suplemento. El diario del mundo hospitalario, de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, año 9, nro. 79, julio 2002.
  5. " Razones del colapso del sistema de salud", Clarín, 18 de junio de 2002.
  6. Idem nota 5.
  7. Idem nota 5.
  8. " El sistema de salud está enfermo", nota editorial publicada en El diario del mundo hospitalario, de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, año XI, nro. 89, junio 2002.
  9. " Materia gris de exportación", La Nación, 12 de junio de 2002.
  10. Idem nota 11.
  11. Según datos del Conicet, desde 1997 en adelante, el retorno de becarios de posdoctorado en el exterior fue disminuyendo hasta un porcentaje alarmante: el 50% no regresa.
  12. " Plata quemada: Desaparecieron doscientos millones de dólares para remodelar hospitales públicos", por Andrés Klipphan. Revista Veintitrés, número 206, año 4, jueves 20 de junio de 2002.
    Del 100% de las obras y equipamiento en los quince hospitales piloto se cumplió con el 28% de los objetivos previstos en el programa, con diferencias importantes en las jurisdicciones: 14% en la Ciudad de Buenos Aires; 20% en la Provincia de Buenos Aires y 43% en la Provincia de Mendoza. Prácticamente la mitad de los hospitales no cumplieron el 20% de sus planes y doce de los quince hospitales, apenas cumplen con la tercera parte de los objetivos establecidos
  13. Idem nota 12.
  14. Según datos de la Secretaría de Agricultura y la Facultad de Agronomía de la UBA, publicados por el Suplemento Cash del diario Página 12 el 31 de marzo de 2002, en el año 2002 se producirán 99 millones de toneladas de alimentos, cantidad suficiente para alimentar a 330 millones de personas.
  15. Es esta situación y el sombrío panorama que se vislumbra la que generó un intento de respuesta desde la sociedad civil a través de la conformación de una agrupación no partidaria denominada FRENTE CONTRA LA POBREZA, POR EL TRABAJO Y LA PRODUCCION (FRENAPO), que incluye organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, partidos políticos, centrales sindicales de trabajadores, organizaciones de base con un propósito en común: la lucha contra la pobreza. Bajo la consigna "Ningún hogar pobre en Argentina", los días 14 al 17 de diciembre de 2001 llevaron a cabo, en todo el país, una Consulta Popular con el objeto de que la ciudadanía se pronuncie sobre la propuesta de implementar de un seguro de empleo y formación para los jefes/as de familia desempleados de $380 pesos y una asignación por hijo $60 para todos los trabajadores y una asignación de $150 a todo adulto mayor sin jubilación. Conforme al recuento final, fueron 3.106.000 personas las que se apoyaron la iniciativa.